En un período de enfriamiento económico, el gobierno apuesta a su fórmula favorita para seguir incrementando la demanda agregada: vía consumo interno.
El mercado inmobiliario argentino ha estado históricamente dolarizado. El gobierno intentó romper con esa estructura histórica y pesificarlo. No lo logró. De hecho, una de las herramientas utilizadas fue el control sobre el mercado de cambios, más conocida como cepo cambiario. El freno del sector, producto de la falta de dólares y la pesificación fallida, provocó un congelamiento en la actividad económica que impacta de lleno al sector de la construcción.
Como la economía es, muchas veces, una suerte de dominó en el cual el movimiento de una pieza afecta a otras, el freno de la construcción significó, además de menores ganancias para los capitalistas del ladrillo, una caída del nivel de empleo que contribuyó al aumento del índice de desempleo nacional que contabiliza el INDEC, el cual llegó a la cifra de 7,9%. Al ser el reino económico un mundo de causa y efecto, el aumento del desempleo suele reflejarse en la baja del consumo. Cuando hay poco consumo, los precios bajan a mediano plazo y la oferta (producción) suele contraerse. Estamos lejos de dicho escenario, puesto que el nivel de desempleo es relativamente bajo o “aceptable” y existen, todavía, muchas herramientas para frenar tanto su aumento como la potencial baja en la demanda.
En principio, no es impensado que los niveles de inflación sean también responsables de una merma en el nivel de consumo, puesto que el poder adquisitivo cae y la intención de gastar siempre encuentra un límite. El gobierno tiene opción de reconocerla explícitamente y aplicar políticas en orientación de frenarla, pero, como esas políticas son de mediano y largo plazo (como suelen serlo las que se orientan a aumentar la oferta), esto significa un costo social que en año electoral, no está dispuesto a afrontar. Por ende, el camino es otro: uno más conocido o, directamente, el de siempre. Se basa en reconocer la inflación pero implícitamente, subiendo los precios nominales de, por ejemplo, las asistencias sociales como motor de la demanda, por ejemplo, la asignación universal por hijo (AUH). Un aumento en el ingreso de los sectores más bajos, suele siempre reflejarse en el aumento de consumo. Un aumento en la AUH supone una herramienta básica para incentivar la demanda agregada dentro de la línea política del kirchnerismo, una política directa y de corto plazo donde la pérdida del poder de compra se compensa en una mayor transferencia del Estado a los particulares.
Sin ánimos de criticar los efectos de la AUH, los cuales parecen ser poco refutables en términos de efectividad respecto a la consecución de objetivos básicos como mejorar el nivel de salud y de acceso a la educación de los sectores más bajos, lo que se torna poco sustentable es, justamente, su sostenibilidad. Cuando un subsidio se mantiene inter-temporalmente y en aumento, hay ciertas preguntas que surgen por naturaleza: ¿Qué pasa si el gobierno lo elimina? ¿Se ha vuelto un subsidio temporal una necesidad de tiempo indefinido? Si la respuesta a esta última pregunta es afirmativa, parece haber un problema. Sucede que la estructura económica, aquella que responde al paso del tiempo y de generaciones, no ha mejorado suficiente como para que el gobierno tenga la posibilidad de cesar con los subsidios que, para información de algún lector desprevenido, son fondos públicos, que podrían redirigirse a la atención de otras necesidades. Cuando un gobierno crea empleo o fomenta el aumento de la actividad económica por motivos intrínsecos (y no exógenos como lo son los altos precios -atípicos- de un mercado internacional comprador de materias primas), los subsidios se vuelven innecesarios por decantación.
Respondiendo a la pregunta que titula éste artículo, parece que sí puede haber crecimiento sustentable en consonancia con demanda agregada, pero siempre y cuando esta no se base sólo en interferir en el parámetro “consumo”, sino también en el de “inversión”. Cuando hablamos de inversión, nos referimos particularmente a la que se orienta a la mejora de la infraestructura económica, puesto que esto representa la existencia de herramientas inter-temporales, que van más allá de incentivar el consumo en un período limitado y que, en cualquier momento, se puede acabar. Como sabemos, ni los precios altos de las materias primas ni los ingresos que actualmente representan, son infinitos.
Una vez más, el oficialismo se decidió por el camino más fácil: el de los costos menores en términos sociales y políticos. Pero si no es este gobierno, será el próximo (esperemos que no crisis de por medio), quien deba ahondar en asuntos más profundos, de carácter estructural y productivo. Las políticas de incentivo a la producción y la merma de la inflación se vuelven asuntos que progresivamente van del carácter necesario, al urgente.
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